(Solo estoy en desacuerdo con Vincenç Navarro en que disculpa a la línea editorial de El Pais en general, y atribuye las distorsiones al caso de un corresponsal en especial, o cuanto más, al caso de una zona geográfica en particular. Se sabe que El País es un periódico que desinforma masivamente cuando se trata de intereses que puedan chocar contra los de la UE y EEUU, en general, contándose, por el contrario, entre su planta de periodistas, algunos que escapan de esta norma. Sea China o sea Libia, o sea cualquier otro país fuera de la órbita de la UE-EEUU, El País es un crítico malintencionado, manipulador y pro-occidental, un militante neoliberal más, un agudo defensor de los recortes y la intangibilidad de las patronales. Y si cuenta con cierta apariencia de constitucionalidad, cosa que es evidente si se recurre a las comparaciones, este encuadre "democrático" es algo que este periódico no siempre respeta, constituyéndose a menudo en uno de los pilares mediáticos de la violación del derecho de información y del derecho penal internacional)
Acá sigue la transcripción de la parte central del artículo de Vincenç Navarro:
Pero otro problema mayor en la cobertura mediática de EEUU es la subjetividad del periodista que impone sus valores a la interpretación de la realidad. Y aún cuando ello es casi imposible de evitar, en algunos casos alcanza unos niveles desmesurados que deben criticarse e incluso denunciarse. Un caso claro es Antonio Caño, el corresponsal de El País en Washington. Antes de documentar su sesgo, quisiera aclarar que mi crítica en este artículo se centra en el corresponsal de tal rotativo, y no en el diario, al cual considero un recurso valioso en la cultura mediática del país, aún cuando esté en desacuerdo frecuentemente con sus editoriales en temas económicos.
¿Es EEUU la democracia más perfecta del mundo y el Tea Party la versión estadounidense del 15-M?
Antonio Caño atribuyó el impasse ocurrido en el Congreso de EEUU a raíz del debate sobre el techo de la deuda pública (que creó un pánico generalizado, asumiendo una parálisis del Estado en un momento de crisis), a que “EEUU es probablemente la democracia más perfecta del mundo, en el sentido de que es la más exigente. La arquitectura creada desde su comienzo para evitar los abusos por parte de la mayoría y dar voz y poder a las minorías crea un perfecto equilibrio de representatividad. Pero, al mismo tiempo, hace el procedimiento democrático lento, complejo y susceptible al obstruccionismo”. El País (31.07.11). Antonio Caño añadió más tarde, en la descripción de los actores determinantes del impasse, la siguiente descripción del Tea Party (que es la fuerza política más influyente en el Partido Republicano): “Este partido entró en la escena política norteamericana en el verano de 2009 con la promesa de limpiar Washington, sanear sus instituciones, acabar con la clase política tradicional, y devolver el protagonismo al pueblo, al viejo estilo de la revolución estadounidense, de donde toma su nombre”.
Hasta aquí Antonio Caño. Ambas descripciones, sin embargo, no se corresponden con la realidad. Y comencemos con su descripción del Tea Party. Tal Partido ha sido un movimiento de la ultraderecha estadounidense financiado por algunos de los intereses económicos más reaccionarios existentes en Estados Unidos (ver El Tea Party ¿es el fascismo posible en EEUU?, www.vnavarro.org). Tal movimiento tiene características comunes con los movimientos de la ultraderecha europea (fascistas o fascistoides) aparecidos en Europa. Se caracteriza por un nacionalismo exacerbado, basado en una atribuida superioridad étnica, acompañada de un fundamentalismo religioso cristiano que rebosa una gran intolerancia hacia la diversidad étnica, cultural y religiosa, promoviendo un canto a la fuerza y al Ejército, con un profundo sentido del orden y de la disciplina. Es un movimiento antisolidario y profundamente individualista, cercano al darwinismo social. El movimiento fue iniciado y financiado por los grupos económicos más reaccionarios de la clase dominante, conocida en EEUU como la Corporate Class, claramente opuestos a los sindicatos y a las reformas de la sanidad pública iniciadas por la Administración Obama. En realidad, uno de los intereses financieros detrás del Tea Party son las compañías de seguro sanitario que dominan la financiación y gestión del sector sanitario de aquel país.
Todas sus propuestas, tanto en el Congreso de EEUU como en los Parlamentos de los 50 Estados, favorecen a la Corporate America, que son los grandes grupos financieros y empresariales que controlan Washington. Gran parte de sus medidas están orientadas a incrementar el control del Congreso por parte del mundo empresarial, estrechando todavía más la actual relación entre la Corporate America y el Congreso de EEUU. Una de sus campañas más virulentas ha sido en contra de que el Presidente Obama anule la rebaja de impuestos a los súper ricos que aprobó el Presidente Bush.
En cuanto a la supuesta ejemplaridad de la democracia estadounidense, basta referirse a unos datos que muestran que la mayoría de la población estadounidense no comparte tal idealización de tal sistema democrático. Uno de los mejores indicadores es la enorme abstención. En las elecciones locales y estatales la gran mayoría del electorado, es decir, de aquellos que podrían votar, no votan. Sólo un promedio del 30% de la población vota. Y un tanto semejante ocurre en las votaciones al Congreso de EEUU, donde sólo un 46% de la población vota, excepto durante las elecciones presidenciales, en cuyo caso, la participación es algo mayor, un 54 o 56%. Pocos países democráticos tienen un porcentaje tan elevado de abstencionistas en su electorado.
¿A qué se debe la abstención electoral?
La respuesta que suele dar el establishment estadounidense (es decir, la estructura de poder de aquel país) es que la gente no vota porque está satisfecha y no quiere cambios. Puesto que en EEUU existe una relación directa entre nivel de renta y participación en el proceso electoral, parecería -según tal explicación- que la gente de menor renta, que es la que participa menos, sería -según tal tesis- la más satisfecha con el proceso electoral y que desearía menos cambios. Esta hipótesis es difícilmente sostenible.
La causa real de la enorme alienación de la ciudadanía es la privatización del proceso electoral, en el que no hay límites a la cantidad de dinero que un candidato pueda recibir, protegiéndose al donante con el anonimato. Esta situación se expandió incluso más con la decisión de la Corte Suprema en 2009, que definió a las empresas de negocios como entidades cuya personalidad jurídica era equivalente a la de los ciudadanos, y como tales podían también donar la cantidad que desearan como parte de su derecho de libre expresión, sin que tuvieran que declarar la naturaleza de su aportación.
La enorme mayoría de fondos que los candidatos reciben vienen de los componentes de la Corporate Class, incluyendo Wall Street, el centro del capital financiero, que contribuyó también en gran manera a la campaña del candidato, después presidente, Obama. El receptor de tales fondos los utiliza para comprar el tiempo que desee en los medios de difusión, los cuales no están regulados y pueden vender tanto espacio como el candidato desee y pueda comprar. Otros gastos incluyen la infraestructura de la campaña, sistemas de encuestas, y un largo etcétera. Este dinero puede ir al propio candidato o a grupos asociados a su candidatura. En la gran mayoría de casos, el candidato que consigue más dinero tiene mayor proyección mediática y más posibilidades de ganar las elecciones. Según el centro de estudios electorales Public Citizen, en las elecciones últimas de 2010 al Congreso de EEUU el 87% de los representantes elegidos habrían sido los que habían obtenido más dinero en su campaña. La gran mayoría de este dinero procedía de la Corporate Class.
Ni que decir tiene que, de vez en cuando, el que tiene más dinero pierde. Y cuando ello ocurre, todos los medios del establishment inmediatamente lo muestran como ejemplo de que el dinero no lo puede todo en EEUU. Así en las últimas elecciones para gobernador del Estado de California, el candidato vencedor Jerry Brown (que ya había sido gobernador de aquel Estado y tenía una tasa de reconocimiento mediático muy elevada) ganó pese a que su contrincante gastó más que él. Su adversario, Meg Whitman, se gastó de su propio bolsillo 142 millones de dólares, frente a los 102 millones que se gastó Brown.
Pero estos casos son la excepción que confirma la regla. La mayoría de candidatos que ganan las elecciones son los que consiguen más dinero. Y como es predecible, cuando gobiernan hacen lo que los que les pagaron desean que hagan. En la última encuesta de opinión popular sobre el sistema político, el 85% de la población (es decir, la gran mayoría de la ciudadanía) no considera que el Congreso (Cámara baja y Senado) represente sus intereses. Y a la pregunta, “¿a qué intereses responde el Congreso?”, el 82% contesta que la Corporate Class.
Este sistema privado de financiar las elecciones discrimina automáticamente a aquellos candidatos críticos con la Corporate Class y con la estructura de poder existente en EEUU. Tales voces no consiguen los fondos suficientes que les permitan competir con los otros candidatos apoyados por la Corporate Class. Excluye, por lo tanto, a candidatos de izquierda. De ahí que la vida y cultura política de EEUU esté profundamente sesgada a la derecha. El argumento que las voces apologistas de tal sistema dan para justificar tal conservadurismo en la vida política, cultural y mediática en EEUU, es que ello refleja el profundo conservadurismo de la ciudadanía estadounidense. Si ello fuera cierto, ¿cómo se explicaría la enorme abstención del electorado en el proceso electoral o la opinión popular -expresada en las encuestas- de que la población no cree que las instituciones representativas representen sus intereses?
Seguridad Social y en la protección social. ¿Por qué?
Para responder a esta pregunta hay que entender varias cosas sobre la deuda pública. Una de ellas es que la mayor causa de la deuda pública son las guerras en las que ha estado luchando EEUU, desde Vietnam a Iraq, Afganistán y ahora Libia (por cierto, la Administración Obama se opuso a que el Congreso votara sobre la constitucionalidad de su intervención en Libia, pues negaba que fuera una guerra, ya que no había ningún soldado estadounidense en Libia). Todas estas guerras, por cierto, están apoyadas por el Partido Republicano y el Tea Party. El coste de estas guerras (sin incluir Vietnam) ha sido astronómico: cinco trillones (estadounidenses) de dólares. El segundo capítulo de la deuda son los fondos que se han dado a la banca (Wall Street) para su recuperación. Y el tercer capítulo son los recortes de los impuestos a los ricos, que aprobó el Presidente Bush, que ha supuesto un déficit notable para las arcas del Estado.
Pero todo el debate sobre la reducción de la deuda no fue sobre estos temas. Al principio, el Presidente Obama y el Partido Demócrata propusieron la reducción del déficit a base de eliminar tales recortes de impuestos a los ricos aprobados por el Presidente Georges Bush, jr. Pero su compromiso se diluyó, y al final abandonó tal propuesta. No obstante, continuaron presionando la mitad de parlamentarios demócratas a los cuales Antonio Caño definió como “los radicales”. Ser radical, según el corresponsal de El País en Washington es pedir que se anulen los enormes recortes de impuestos a los superricos, aprobados por el Presidente Bush.
No era la deuda pública el tema de debate
En realidad, el debate se centró en un tema que tenía muy poco que ver con la deuda: recortar la Seguridad Social (que no afecta en nada al déficit y a la deuda pública) y los servicios universales, de garantía federal de servicios sanitarios, a los ancianos que financia la Seguridad Social, llamado Medicare. El gasto sanitario en este programa está creciendo muy rápidamente debido en gran parte al protagonismo que las campañas de seguro privado tienen en la gestión del sistema sanitario, con enormes beneficios para tales compañías, además de los enormes subsidios a la industria farmacéutica prestados por el Presidente Bush.
El Congreso de EEUU tiene que autorizar el nivel permitido de endeudamiento del Estado. Ha ocurrido frecuentemente sin ninguna dificultad. Así, en los últimos cincuenta años, tal autorización se ha realizado 74 veces, ocurriendo más frecuentemente durante las administraciones republicanas que en las demócratas. En realidad, uno de los presidentes que pidió con más frecuencia el permiso del Congreso para endeudarse fue el presidente Ronald Reagan (17 veces). Y la dirección del Partido Republicano, el presidente de la Cámara Baja, John Boehner, el presidente de los republicanos en la Cámara Baja, Eric Cantor, el dirigente de los senadores republicanos, Match McConnell, y el vicepresidente republicano del Senado, Jon Kyl, votaron a favor del crecimiento del endeudamiento del citado gobierno federal durante la Administración Bush Jr. Cuando el Presidente Obama pidió que se renovara el nivel de endeudamiento, con el consiguiente crecimiento (como en las otras ocasiones), el Partido Republicano se lo negó, a no ser que recortara el gasto público y, muy en especial, el gasto público social, con especial hincapié en la Seguridad Social y en la protección social. ¿Por qué?
Para responder a esta pregunta hay que entender varias cosas sobre la deuda pública. Una de ellas es que la mayor causa de la deuda pública son las guerras en las que ha estado luchando EEUU, desde Vietnam a Iraq, Afganistán y ahora Libia (por cierto, la Administración Obama se opuso a que el Congreso votara sobre la constitucionalidad de su intervención en Libia, pues negaba que fuera una guerra, ya que no había ningún soldado estadounidense en Libia). Todas estas guerras, por cierto, están apoyadas por el Partido Republicano y el Tea Party. El coste de estas guerras (sin incluir Vietnam) ha sido astronómico: cinco trillones (estadounidenses) de dólares. El segundo capítulo de la deuda son los fondos que se han dado a la banca (Wall Street) para su recuperación. Y el tercer capítulo son los recortes de los impuestos a los ricos, que aprobó el Presidente Bush, que ha supuesto un déficit notable para las arcas del Estado.
Pero todo el debate sobre la reducción de la deuda no fue sobre estos temas. Al principio, el Presidente Obama y el Partido Demócrata propusieron la reducción del déficit a base de eliminar tales recortes de impuestos a los ricos aprobados por el Presidente Georges Bush, jr. Pero su compromiso se diluyó, y al final abandonó tal propuesta. No obstante, continuaron presionando la mitad de parlamentarios demócratas a los cuales Antonio Caño definió como “los radicales”. Ser radical, según el corresponsal de El País en Washington es pedir que se anulen los enormes recortes de impuestos a los superricos, aprobados por el Presidente Bush.
El compromiso final que el presidente Obama acordó con el Partido Republicano abandonó todo intento de subir los impuestos a las rentas superiores y a los componentes de Corporate America que no pagan ningún impuesto. Ejemplos de ello son General Electric, Verizon, Exxon, Mobil, Boeing, IBM, Wells Fargo, Dupont, American Electric Power, Fedex, Honeywell, Yahoo y United Technologies, que a pesar de alcanzar una cifra record de beneficios (171 billones estadounidenses de dólares en el periodo de 3 años) no pagaron nada, cero, en impuestos al gobierno federal. En realidad, recibieron subsidios por un total de 2,5 billones de dólares. Y según el Centro de Análisis de Impuestos y Gasto Público (Center of Citizen for Tax Justice), “esto es sólo la punta del iceberg”. En cambio se redujo notablemente el gasto público social, con la creación de una comisión que, sin duda, analizará como desuniversalizar la Seguridad Social. A esta medida el citado corresponsal la llama la “lógica centrista del Presidente Obama”.
Lo que estamos hoy viendo en EEUU, es un intento masivo de desmantelar el escasamente desarrollado Estado del Bienestar por parte del Congreso de EEUU, claramente instrumentalizado por la Corporate Class, dirigido por el Tea Party que controla el Partido Republicano.
¿El movimiento de los indignados como un movimiento hippy?
Esta situación está creando enormes resistencias entre las clases populares. Se inició en varios Estados con protestas, lideradas por los sindicatos, en contra de las políticas de recortes de gasto público social realizadas por el Partido Republicano. La última versión de estas protestas ha sido el movimiento Ocupa Wall Street, claramente inspirado por el movimiento 15-M español, que se ha extendido rápidamente por muchas ciudades estadounidenses. Su demanda es terminar con el dominio que la Corporate Class tiene sobre las instituciones económicas, financieras, políticas y mediáticas del país.
Tales movimientos han despertado gran hostilidad por parte de los medios próximos a la Corporate Class, tales como la Fox News, de donde parece derivar su información Antonio Caño que, en su artículo del 7.10.11, define al movimiento de indignados como “un movimiento de queja, igualmente (es decir, como el Tea Party), interesado en la defensa de valores perdidos -en este caso viejas aspiraciones hippies de solidaridad y humanidad- y que en su propia marginalidad encerraba su pureza. A tal movimiento se le unieron los sindicatos y gracias a eso consiguieron, por primera vez, reunir unos pocos miles de personas…”. Ello, sin embargo, supuso un coste para tal movimiento pues de nuevo -según Antonio Caño- “los sindicatos están entre las instituciones más corruptas de EEUU”, con lo cual el incremento de su número se consiguió -según Antonio Caño- a base de diluir su pureza reivindicativa.
Definir el movimiento de Indignados de EEUU como inspirado por el movimiento hippy (que es lo que dice la Fox) es de una enorme frivolidad, además de reflejar una enorme ignorancia tanto del movimiento de los años sesenta como del de ahora. Igual ignorancia aparece en su intento de monopolizar la lucha por la solidaridad en EEUU atribuyéndola únicamente al movimiento hippy, ignorando la enorme lucha del movimiento obrero, cuyos sindicatos son hoy unas de las instituciones menos corruptas de las existentes en aquel país, mucho menos corruptas, por cierto, que el mundo empresarial, el mundo financiero, el mundo político y también el mundo mediático. Tal acusación es de una subjetividad propagandística que alcanza los niveles de manipulación mediática de los ultraliberales estadounidenses, que parecen inspirar a Antonio Caño. En cuanto a su observación de que el movimiento Ocupa Wall Street será un hecho sin mayor trascendencia, ignora que ya hoy la mayoría de la población estadounidense, el 62%, simpatiza con él.
Una última observación
Este artículo critica, en realidad denuncia, la falta de objetividad tan obvia de Antonio Caño en su cobertura de la realidad estadounidense. Ni que decir tiene que tal rotativo tiene corresponsales excelentes y articulistas de gran calidad en sus páginas que procuran objetividad en sus reportajes. Pero en su cobertura de la realidad de EEUU (y también, por cierto, de América Latina), tiende a tener un sesgo neoliberal que mezcla el objetivo informativo con un intento de persuasión que diluye y desmerece el buen periodismo que aparece con frecuencia en aquel rotativo.
Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas, Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy, The Johns Hopkins University
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